Cuando Santiago Maldonado fue víctima de desaparición forzada y muchos docentes –cumpliendo estrictamente la ley– abordamos el tema en las aulas, los discursos adultos dibujaron una caricatura de los alumnos, trazada sobre las “blancas palomitas” de Jacinta Pichimahuida pero envejecida con los años y las frustraciones. Los chicos, en ese registro, son víctimas de malvados adultos que “adoctrinan”, que “les meten ideas” en la cabeza. Los niños y adolescentes como tábula rasa, con su voluntad, su curiosidad. Inocentes criaturas influenciables expuestas a los peligros de adultos excesivamente politizados. Entonces llegó septiembre, “mes de la educación”: el Día del Maestro, el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, el Día del Profesor, el Día del Estudiante y el mes de las tomas. Más de 30 colegios tomados por adolescentes politizados. Las frágiles almas se transformaron en un cisne negro de plumas envenenadas.
El conflicto estalló en torno a un intento de reforma de la escuela secundaria de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Apuntaba a licuar el 5º año y mandar a los alumnos a hacer pasantías el 50% de ese tiempo y a recibir contenidos de “emprendedurismo” en el restante. Detrás del proyecto ni una sola referencia bibliográfica, ni una instrucción a las escuelas, ni una fundamentación pedagógica, como si se hiciera política pública en base a títulos impactantes: el zócalo de video graph convertido en alfa y omega de una reforma educativa. En el medio –y como de costumbre, amplificado en todo el país por los medios y su periodismo de guerra que sólo sabe, en esta coyuntura, relatar batallas barnizadas de épica–, 30 colegios tomados por adolescentes.
Los adultos que los narramos desde afuera –docentes, padres, madres, ministros–les robamos la palabra, suprimimos su accionar. El discurso de algunos educadores con acceso a los medios habló de minorías hiperpolitizadas que se arrogaban una falsa representatividad. Diez pendejos troscos (como si fueran “Aristócratas del saber”, justamente el mismo mote autoatribuido, en plena dictadura, por entonces dirigentes estudiantiles que hoy sostienen que “los pibes no son el ‘Pata’ Medina por falta de recursos”) tomaron un colegio de 3000 alumnos. El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, explicaba la toma a la comunidad de ese secundario como si él mismo fuera un adolescente chicaneando a sus compañeros. Decía que tenían intereses políticos y electorales, que “no han asumido la responsabilidad política de sus desaciertos en ese proceso y, por el contrario, han priorizado sus conveniencias electorales por sobre el cuidado de sus compañeros (Carta del Rector Nº 36).”
Contar quién es y qué quiere el otro, cuando uno tiene una posición institucional de autoridad frente a él, exige fundamentalmente hacerse cargo de ese papel de adulto responsable y formador. Las opiniones del rector sobre las motivaciones políticas de la cúpula estudiantil no deberían ser parte de su discurso público. Muchísimo menos la publicidad y análisis pormenorizado del caso de abuso reportado en ese marco: Zorzoli salió a contarle a toda la comunidad –conociendo perfectamente la potencial de su impacto– que una alumna de 14 años había sido abusada durante la toma. Zorzoli, narrando a sus alumnos, puso en público en duda la existencia del abuso. “El problema fundamental es si en esa relación hubo consentimiento o no”, dijo a la prensa, excediéndose por completo en sus atribuciones de rector y adulto responsable. Zorzoli, que acusaba al Centro de Estudiantes de no cuidar a sus compañeros, terminó exponiendo a una víctima de abuso primero, y luego a todo su alumnado. Adultos fallando (escandalosamente) cuando intentan describir a los adolescentes. Una vez más.
Por otro lado, Mariano Narodowski afirmó, directamente, que “un estudiante secundario no es un actor político”, porque en términos educacionales son personas en formación. ¿Es esta una definición teórica, conceptual, o tiene un anclaje en la realidad? ¿Se puede negar el estatus político de chicas y chicos que toman una escuela reclamando por la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y repudiando una reforma educativa? ¿Se puede negar el estatus político de los chicos a los que no les interesa la militancia? ¿No somos todos, acaso, seres políticos en formación constante e indefinida durante toda nuestra vida? ¿No vamos cambiando nuestras prioridades, tomando nuevas posiciones ante nuevos problemas, adoptando nuevas metodologías de participación? Las definiciones teóricas se topan, siempre con una realidad –con sujetos– que esquivan las etiquetas. Porque la letra está impresa, pero el devenir social se escurre entre los dedos de la teoría.
Hay otro relato de los adultos hacia los adolescentes: el criminalizador. Leandro Rodríguez, rector de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” denunció –no sabemos si ante el Poder Judicial o no– destrozos y robos durante la toma. La minoría hiperpolitizada, desprovista de legitimidad, cruzando el imperceptible Rubicón hacia la horda salvaje. Como la sospecha parece ser uno de los recursos preferidos para impugnar cualquier cosa que haga cualquier otro, la criminalización de las tomas –en estos días aparecieron en los medios penalistas eufóricos reclamando la judicialización de y desalojo forzoso a los adolescentes–, engarza con otra imagen de los jóvenes de clases bajas: el pibe chorro. Ante la presentación de cualquier hecho delictivo protagonizado por un adolescente –desde el robo de un celular hasta un homicidio– se insiste en reclamar la baja de la edad de imputabilidad y vuelven a circular los discursos sobre la pena de muerte.